Por: Carlos Arturo Cadavid (AIH Colombia)
A las 7:34 am con magnitud de 7.4 y epicentro al sur del Departamento del Chocó, en la población San José del Palmar, al occidente deColombia sobre la costa del océano Pacífico, se presentó un terremoto que afectó las ciudades y poblaciones del Sur Occidente del país, con incontables pérdidas humanas y desaparecidas aún y daños materiales en cientos de edificaciones que se desplomaron tras el largo y fuerte sismo.
Lamentablemente la tierra se mueve desde siempre y casi siempre se derrumba lo que fue mal construido o lo que dejaron construir mal: ahí están las causas de fondo de las víctimas y los daños. Ante todo, toda la solidaridad de AIH con las víctimas, subrayando la necesidad de la atención de emergencia y del alojamiento para todos, cimientos de una reconstrucción segura con la participación de los habitantes y de sus organizaciones. La Alianza Internacional de Habitantes se une con fuerza y afecto al pueblo colombiano, golpeado duramente por el terremoto del 10/08/2026, el segundo en poco tiempo que sacude a Nuestra América, después del que golpeó doblemente a la República Bolivariana de Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 con magnitudes de 7,2 y 7,5 y que dejó más de 6.500 fallecidos y devastó amplias zonas en la costa Caribe frente a la región de La Guaira.
Balance en desarrollo de las afectaciones en 16 departamentos y 494 municipios.
Las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, comprende los siguientes datos, entre víctimas fatales y daños en viviendas e infraestructura de servicios, cifras en aumento a medida que avanzan los censos:
159.924 familias y 361.353 personas afectadas en 494 municipios
331 fallecidos, 4.592 heridos y 240 desaparecidos
31.519 viviendas destruidas y 178.555 viviendas afectadas
591 edificios colapsados y 5.884 edificios averiados
3.726 centros educativos afectados
4.140 centros comunitarios afectados
378 centros de salud afectados
15 puentes peatonales y 70 puentes vehiculares afectados
435 vías afectadas
115 acueductos averiados
12 instituciones bancarias afectadas
5 aeropuertos averiados
Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en Colombia antes del sismo:
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025, “la cantidad de personas que habitaban en el país era de 53 millones 368 mil y el total de hogares estimado ascendía a 18 millones 952 mil, lo que significa un promedio de 2,82 personas por hogar.”
El déficit nacional total de vivienda en el país (en cantidad y calidad), según el DANE es de 4.800.000 viviendas, antes del
siniestro sísmico, cifra conservadora a la cual habrá que sumarle el déficit directo causado por el terremoto, unas 500.000 unidades habitacionales. Dentro de esta cifra para el año 2025 se encontró una carencia total de vivienda física para 1.800.000 familias. El déficit habitacional en Colombia en 2025 fue el 25,6%, equivalente a 4,8 millones de familias sin vivienda. De ese total, 3,63 millones corresponden a déficit cualitativo (condiciones precarias en materiales y servicios básicos) y 1,8 millones a déficit cuantitativo: ausencia total de vivienda (https://vivienda.com.co).
En el país, el 40,8% de los hogares habitaba en una vivienda arrendada o subarrendada, tendencia que se ha mantenido durante el último lustro y que es una de las causas que explica en parte la baja del déficit de vivienda nueva en algunas regiones. En 2025 en Risaralda (Pereira) la ocupación en arriendo era del 47.8%, en el Quindío (Armenia) del 47.1%, en el Valle (Cali) del 46.3% y en Caldas (Manizales) del 42.1%.
Tenemos algunas preguntas: ¿cómo se atenderá el déficit anterior cuando las prioridades solo serán para las familias que hayan sufrido directamente la destrucción de sus casas y apartamentos, como propietarios en firme o con obligaciones hipotecarias y financieras vigentes e inquilinos sin propiedad conocida? ¿Qué pasará con los damnificados poseedores de buena fe y ocupantes de hecho y con los habitantes sin techo, si tendrán una oportunidad de acceder a una vivienda digna y asequible?
En la ciudad de Pereira (que en 2025 tenía un déficit de vivienda de 5.000 unidades), unas 35.263 viviendas resultaron afectadas, de las cuales unas 9.200 presentan daño severo con deterioro estructural a causa directa del movimiento telúrico; sin embargo, según los estudios de 2023 sobre riesgo sísmico en caso de un terremoto con una magnitud muy similar a la ocurrida el pasado 10 de agosto, se afectarían en forma severa, moderada y leve cerca del 31% de las edificaciones, lo que en realidad ocurrió (https://noticias360digital.com).
Solo hasta el año 2010 en adelante comenzaron en Colombia a actualizarse las normas de sismo resistencia, con años de atraso respecto a los llamados de los especialistas y a las normas internacionales. En Pereira y Cali, apenas desde el 2022 y 2023 se están aprobando los mapas de riesgo sísmico y la actualización de los códigos urbanísticos.
De hecho, esta tragedia de la naturaleza significa un desalojo masivo forzoso por causas súbitas, exacerbado por la obsolescencia de las normas de sismo resistencia en las edificaciones, sobre todo las construidas en las décadas de 1980, 1990 y 2000, entre las cuales se encuentra un alto nivel de vivienda social tipo urbanización o unidad residencial, que colapsaron y teniendo en cuenta que los mapas de riesgo sísmico obligatorios en cada ciudad son recientes (Cali 2022 y Pereira 2023).
Recursos insuficientes para la recuperación y la reconstrucción:
El propio gremio que reúne a los constructores en Colombia, CAMACOL, a través de su presidente Guillermo Herrera, manifestó que el denominado programa Mi Casa Milagro, impulsado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, no será suficiente para la recuperación y reconstrucción de las viviendas y que será indispensable una reconsideración total de los subsidios para incluir a los hogares de clase media en función del daño sufrido y la capacidad de pago, crédito con respaldo oficial e incentivos para las compañías constructoras.
Señaló además que el mismo Decreto 1261 de 2026 de emergencia económica dictado por el gobierno nacional “reconoce que la política convencional ordinaria de vivienda va a ser insuficiente para atender el sismo” (https://www.infobae.com).
El sector financiero y la empresa privada anunció y empezó a recaudar millonarias donaciones por encima de un billón de pesos (US $ 311.800.000) canalizadas por sus fundaciones sin ánimo de lucro y prometió créditos de vivienda con tasas de interés del 8% (el IPC o inflación estaría en 8% al final del año), la refinanciación de los créditos hipotecarios tres meses de gracia o suspensión de las amortizaciones para el sector de los adjudicatarios (alivio ya existente en la legislación para casos de desempleo y fuerza mayor). Sin embargo, algunas entidades contemplan el reconocimiento de los seguros por siniestro sin deducibles, como lo anunció el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), la Supersociedades y las compañías aseguradoras (El Colombiano, 24 de agosto de 2026).
En contraste, observamos que de enero de 2025 a enero de 2026 los bancos registraron utilidades de más de 1.2 billones de pesos (US $ 374.160.000) y el sector financiero tuvo en el anterior gobierno as mayores utilidades de su historia, aplicando unas tasas de interés especulativo desde el 29% hasta el 45% en promedio, por los servicios que cobran, en una economía cuya inflación no ha pasado del 6% anual (https://www.infobae.com) y que con un billón de pesos se pueden financiar solamente 6.346 unidades de vivienda de interés prioritario con valor cada una de $ 157.581.450 (US$ 49.213) en obra negra y materiales de calidad mínima legal, designadas para estratos 1 y 2 o ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Podemos afirmar que se mantendrá en el tiempo y en aumento la discriminación del derecho a la vivienda digna por factores sociales y económicos y se achicará más este derecho fundamental para el grueso de la población.
Algunas preguntas para responder:
¿Cuáles familias podrán regresar a sus casas y cuáles permanecer en albergues temporales mientras avanzan las evaluaciones y las reparaciones, las demoliciones y los procesos de construcción y asignación de una nueva solución de vivienda?
¿Cuántos recursos se requieren para que en cuatro años como sugieren los gremios y el propio gobierno se necesitan para sufragar semejante déficit habitacional acumulado?
¿Se institucionalizará de nuevo y de manera extensa la mala calidad y achicamiento de la vivienda digna en Colombia con soluciones de emergencia de entre 28 y 36 metros cuadrados?
¿Se incluye en las proyecciones el alto costo alcanzado por los arriendos y la especulación inmobiliaria fijada al precio creciente del suelo antes y después del sismo en la región afectada?
¿La tragedia puede convertirse en una nueva, milagrosa e imprevista fuente de enriquecimiento para un puñado de empresas contratistas, sectores inmobiliarios y la banca nacional e internacional, por el volumen de las pérdidas superiores a los 30 billones de pesos, unos $ 10.000 millones de dólares? (Análisis elaborado por INGENIAR).