¿Protección real o real desprotección?
Boletín No. 45 Abril 2017 Informe Especial:
Informe Especial sobre Propuesta de Política
Pública de Protección a Moradores
Por: María Isabel Muñoz (AIH Medellín)
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La Alianza Internacional de Habitantes, JAC La Cascada y Junta Cívica El Pinar,
presentes en debate a PPPaM. Marzo 21 de 2017.
Foto: Junta Cívica |
Partiendo de que las políticas públicas son las
sucesivas respuestas del estado (del régimen político o del gobierno de turno)
frente a situaciones socialmente problemáticas; desde el año pasado se viene
trabajando con la mesa territorial de protección a moradores en la ciudad de
Medellín: Los participantes expresamos muchas dudas sobre la política pública
de protección a moradores, en vista de todas las modificaciones que conllevan
los planes de renovación urbana, referentes al uso del suelo y de las
construcciones, según nos dijeron, para detener los procesos de deterioro
físico y ambiental de los centros urbanos, para lograr el mejoramiento del
nivel de vida de los moradores afectados. Esto se desprende de la Ley 9 de 1989,
Capítulo IV, Artículo 39, sobre los aprovechamientos con mayor beneficio para la comunidad. Sin
embargo, del dicho al hecho, hay mucho trecho.
La política
pública de protección a moradores y a actividades económicas y productivas
(PPPMAEP), quedó enunciada en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Acuerdo
48 de 2014, donde se reconocen como moradores a poseedores, tenedores,
propietarios, residentes, y aquellos que desarrollan actividades productivas
formales e informales en el territorio. La implementación de este plan puede
generar impactos sobre las comunidades en un territorio, como hemos querido
demostrar en los distintos eventos pero sobre todo por la experiencia en la
ciudad de Medellín.
Dudas e incertidumbres
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Isabel Muñoz, presidenta JAC La Cascada (AIH),
Interviene en el Concejo Municipal. Marzo 21 2017 |
Quedan muchas dudas. Una de ellas, ¿Porqué
hacer una inversión de mil millones de pesos para implementar una política
pública cuando ya está considerada dentro del Plan de Ordenamiento Territorial?
Las comunidades nos preguntamos si es protección o desprotección por todo lo
que conlleva el desarrollo de la ciudad y la renovación urbana, como se tiene
prevista, pues el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) debería garantizar que
la renovación urbana no desplace a las
comunidades hacia otros lugares, como se
anuncia en los escasos documentos oficiales que nos han repartido y deberían respetar
sede manera clara e indubitable los principios de la equidad, la inclusión, el restablecimiento
de condiciones iníciales, el derecho a
la permanencia, al arraigo, a la cultura, al mejoramiento integral de barrios, el
derecho a la información concreta, transparente y previa, y la reubicación en
sitio y el derecho a la ciudad sin odiosas discriminaciones por factores
sociales y económicos, que es lo que se pretende en el modelo de ciudad que se
comercializa desde la administración pública.
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Taller sobre PPPaM. Facultad Arquitectura Unal
Foto: AIH Medellín
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Existe una gran
incertidumbre entre las comunidades de los diferentes barrios y sectores, entre
las organizaciones sociales, comunales y de pobladores originales, en relación con
la implementación de esta propuesta de política pública, que podría, como se
observa en diferentes escenarios, convertirse en DESPROTECCIÓN A MORADORES y en
PROTECCIÓN DE GRANDES NEGOCIANTES DEL SUELO, INTERMEDIARIOS DE LA ESPECULACIÓN
INMOBILIARIA Y EN DESPOJO Y DESALOJO MASIVO. Hasta ahora, nos preocupa que se
trate de una política más sin suficientes garantías sociales y legales, donde
se nos reconozca la historia de la ciudad y se frenen los procesos de
gentrificación inherentes a las intervenciones urbanísticas y no contemplen “las
medidas de protección a MORADORES, como política pública para evitar la
expulsión de los pobladores originales”, tal como reza el folleto distribuido
en los eventos de participación.
Insistimos
en que por GENTRIFICACIÓN se entiende la apropiación del territorio por el gran
capital, como un “un proceso de transformación urbana en el que la población
original de un sector o barrio
deteriorado y con pauperismo (existencia de gran número de pobres en un territorio,
especialmente cuando procede de causas permanentes) es progresivamente
desplazada por otra de mayor nivel adquisitivo, a la vez que se renueva” y así
se expone en estos eventos.
Qué se quiere proteger
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Taller sobre PPPaM. Facultad Arquitectura Unal
Foto: AIH Medellín
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Esta política pública de protección a
moradores debería servir para proteger los derechos de los moradores y
restringir los abusos de los entes públicos y privados que diseñan y ejecutan
obras, generando mucho malestar porque nuestra MEDELLÍN está siendo ofrecida al
mejor postor y las comunidades están siendo desplazadas a las periferias y
bordes de la cuidad más innovadora. Vale la pena preguntarnos si realmente las
políticas públicas han sido un instrumento efectivo para la resolución de las problemáticas y anomalías de las
comunidades, gremios y otros grupos de interés, o por el contrario, son un
elemento de legitimación electoral de la administración con un bajo impacto
político.
Se espera
que esta política sea una herramienta realmente útil para proteger los derechos
y sirva para avanzar en la superación de la inequidad y que no sea un sofisma
de distracción para repetir tragedias sociales como el desalojo, la expropiación
y el despojo de tierras y predios, sin el reconocimiento e incorporación de las
plusvalías, para que no se dejen en manos de las grandes constructoras, y que se
obtenga, en el mejor de los casos, la recuperación de la población más
vulnerable, y en el peor de las situaciones, solo una mínima proporción de la
comunidad sea desplazada y obtenga una justa indemnización. .
No estamos
en contra del progreso, lo que exigimos es que haya un buen consenso, que esta
política sea incluyente, que las comunidades seamos escuchadas y que nuestra
participación sea tenida en cuenta, para que el avance urbano no sigua
atropellando a los derechos de las comunidades con el desarraigo, el despojo y el desplazamiento por las obras públicas,
aparentemente de interés general. No se pueden seguir violentando los derechos
de los habitantes de los territorios impactados por las mega obras y la
irresponsabilidad de los constructores.
Se debe reglamentar
la Política Pública de Protección a Moradores garantizando a las comunidades
afectadas la Reubicación en Sitio y las Compensaciones por las unidades
productivas y por la carga social que deben soportar en adelante. La protección
a moradores es todavía un asunto por resolver en la ciudad de Medellín.
Protección o
desprotección frente a los desalojos
No a una
política pública de desprotección a moradores que conlleve los desalojos, la
expropiación administrativa, la enajenación voluntaria o la enajenación forzosa
para ser desterrados del territorio. Apoyamos el mejoramiento integral de
barrios, la reubicación en sitio, el derecho a la permanencia respetando a los
pobladores originarios y el derecho a la
ciudad sin segregaciones ni exclusiones.
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La Cascada no se vende, se respeta. Mitin frente al desalojo del 31 de marzo de 2016,
que fue aplazado para instalar la mesa de trabajo. Foto: AIH Medellín |
Exigimos que
los derechos de los moradores no sigan siendo violentados por las
intervenciones urbanísticas y que haya más garantías legales y sociales, ya que
es una obligación del Estado proteger a los moradores, porque tenemos derechos
constituidos en relación con la permanencia, la ocupación, los usos y prácticas
de habitar en un territorio urbano o rural, que son elementos suficientes
de protección para conjurar el peligro inminente que hay
sobre los derechos constituidos alrededor de la morada.
El capítulo
IV de la Ley 9 de 1989 o Ley de reforma urbana lleva por título” de la protección a los moradores en los
proyectos de renovación urbana”, pero no contó con el desarrollo y la
precisión requeridas y menos aún con la voluntad política para adelantarla y
proteger verdaderamente y de hecho, no de palabra, a los moradores de menos
recursos económicos.
Hasta hoy
todavía la propuesta oficial contratada con la Universidad Nacional sigue
dejando por fuera muchas de las problemáticas de la ciudad que, debido a la
pobreza y la tragedia generada por el conflicto y las violencias, han producido
un crecimiento urbano descontrolado y desatado otra serie de secuelas
económicas y sociales, a su vez agravadas por la omisión estatal acumulada por
décadas de olvido.
Se deben incluir
en esta herramienta mecanismos de participación comunitaria para la incidencia
en el ordenamiento territorial, de reparación colectiva de víctimas, en ámbitos
urbanos y rurales, y la garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada, el
mejoramiento integral de barrios, la protección a moradores y el derecho a la
ciudad sin la discriminación enunciada en los conceptos gentrificación
estampados en los folletos de la EDU y Planeación.
Un modelo de ciudad para el negocio, no para las gentes
Por: Carlos Arturo Cadavid (AIH Medellín)
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Avenida Oriental sin las absurdas,
feas contra ambientales pirámides.
Ojalá se vuelva a arborizar.
Foto: Facebook.com |
De continuar este modelo de ciudad para el
negocio y no para la vida, seguiremos contribuyendo con mayores cuotas de
cemento y gasolina al calentamiento y cambio climático globales. Por lo cual y
además, las medidas de contingencia tomadas esta semana para mitigar los
niveles contaminación de la ciudad son necesarias pero insuficientes y todos
debemos participar para disminuirla con acciones más radicales y permanentes.
Si la
política pública de protección a moradores permite la continuación de estos
riesgos tangibles para la supervivencia y de despoblamiento de habitantes
originarios y residentes actuales para encaramarnos en las pendientes
citadinas, entonces se trata de una política pública de desprotección a
moradores, pues no estamos de acuerdo. Por eso esperamos que se incorporen
nuestras inquietudes y sugerencias para sentirnos consultados y representados.
Todos los
participantes en estos talleres y otros escenarios (Plan Parcial del Centro,
Organizaciones Sociales, Transversalidades La Iguaná y Santa Elena), hemos sido
enfáticos en afirmar nuestra posición de mejorar nuestras condiciones de vida,
vivienda y trabajo para nosotros, nuestras familias y nuestros vecinos y de
participar y contribuir con una ciudad más segura, amable, incluyente,
participativa, solidaria y en paz.
Con esta
visión de ciudad, jamás será resuelto el déficit cuantitativo ni cualitativo de
morada de los habitantes de los sectores más desfavorecidos y seguirá
incrementándose el cordón de miseria y de vivienda precaria en la periferia de
Medellín.
Otros casos o moradores a proteger
dentro de la PPPaM:
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Ciudadela Nuevo Occidente.
Foto de: www.medellin.gov.co |
A
continuación presentamos los casos que solicitamos sean incluidos como
moradores objeto de protección y que no contempla el estudio de la Universidad
Nacional o no están claramente definidos:
a) Moradores afectados por las obras públicas
para que se les garantice el mejoramiento de sus barrios, de sus viviendas, de
sus medios de vida, y paralelamente se realicen las obras complementarias y no
pase lo sucedido con los habitantes de la cueca La Iguaná, que soportaron la
construcción de 4.1 kilómetros de conexión vial, y todavía no han terminado
todas las obras prometidas.
b) Moradores afectados por proyectos
urbanísticos, como el caso de los habitantes del barrio La Cascada, cuyos
propietarios esperan todavía la recuperación total del sector, con obras e
intervenciones recomendadas por el Dagrd desde el 2012, que conjuren los riesgos
causados por las omisiones generadas en la construcción de la Ciudadela Nuevo
Occidente, y hoy están a las puertas de un desalojo masivo.
c)
Moradores de
los nuevos complejos habitaciones desarrollados en la Ciudadela Nuevo
Occidente, gran parte provenientes de procesos de reubicación de otras zonas de
la ciudad, que presentan graves deficiencias urbanísticas y de construcción,
documentadas en estudios geotécnicos del propio Dagrd y que todavía no
encuentran solución oportuna y adecuada.
d)
Moradores en
situación de desplazamiento a la espera de la entrega de sus viviendas VIP y
VIS y aquellos que no obstante resultar favorecidos con vivienda gratuita, no
les ha cumplido el ISVIMED ni el Ministerio de Vivienda, pese a realizar
entregas masivas y publicitadas, como el caso de los beneficiarios de Torres Villa
El Socorro.
e)
Moradores de
edificios construidos sin el cumplimiento de las normas urbanísticas, le hacen
“conejo” al gobierno al licenciar sus proyectos como VIP y vender a los precios
m{as altos VIS, constructores que incumplen con la entrega cabal de los
apartamentos, se declaren en bancarrota, dejan sin legalizar las escrituras.
Este tipo de moradores y que requiere asistencia y acciones del Estado para
garantizar la seguridad jurídica de sus bienes. Es el caso del Conjunto
Residencial Altos del Rosario (Villa Hermosa) y los proyectos Madre Laura y
Torres del Este (AND Medellín, 27 de Marzo de 2017), posibles falsas viviendas VIP.
f)
Moradores en
zonas de riesgo, que se encuentran a la espera de una oportunidad de vivienda
en programas oficiales, para garantizar el mejoramiento de sus condiciones de
vida.
g)
Moradores
morosos del sistema financiero por razones socio económicas, que enfrentan
procesos ejecutivos de resolución de contratos.
h)
Moradores
que han expresado sus problemas de garantía plena de su derecho a la vivienda y
a la ciudad, en las sesiones de los talleres de la Universidad Nacional.
i)
Moradores
que enfrentan procesos administrativos por mora en el pago del impuesto
predial, incluyendo la cartera morosa de imposible cobro de las sedes de las
Juntas de Acción Comunal.
j)
Moradores en
condición de inquilinos, ante la carencia de normas que protejan sus derechos
de estabilidad y permanencia, y a que sean encuestados previamente dentro de
los proyectos habitaciones que se desarrollen dentro de los planes de
renovación urbana.
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Barrio Olaya 1. Cuenca La Iguana.
Foto: Junta Cívica
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Dos nuevos puentes peatonales en la cuenca La Iguaná
Colaboración de Mario de Jesús Barrera Muñoz
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El nuevo puente peatonal que comunica Fuente Clara y Blanquizal.
Al fondo el provisional que prestó servicios durante dos años.
(Foto: Junta Cívica) |
En Fuente Clara y Blanquizal
Hace cerca de un mes por fin las comunidades
de los barrios contiguos, Fuente Clara y Blanquizal, constataron la terminación
de otro puente peatonal en hormigón, que hace parte de las obras complementarias
que había prometido la EDU hace cinco años junto con la construcción del
intercambio vial la 80-Túnel de occidente.
En esta obra se observan algunas deficiencias
e improvisaciones que deben ser remediadas
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Plataforma sin barreras antimotos
y faltan escalas en ambos extremos |
cuanto antes por los contratistas
del Municipio de Medellín y deben ser conocidas por los interventores: la
calzada tiene una desproporcionada anchura y se requiere en ambas orillas de la
autopista barreras antimotos; faltan escalas en ambos extremos, pues el
recorrido por las plataformas es demasiado prolongado, incluso para las
personas en condición de discapacidad (con la mitad de la plataforma habría sido
suficiente para las personas y el costo habría disminuido un 50% y alcanzado
para gradas).
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En pésimas condiciones la entrada a Fuente Clara,
por el viaducto. Foto: Junta Cívica |
La entrada a Fuente Clara requiere
adecuaciones urbanísticas urgentes para evitar tanto polvo en verano y lodazal
en invierno, todavía sectores residenciales enteros se encuentran vertiendo
aguas residuales en sistemas artesanales provistos por EPM y no están
conducidos a lugar seguro como mandan las normas, situación que genera riesgos
a la salubridad de los habitantes. Faltan otras obras complementarias también prometidas
por la EDU: la placa polideportiva de La Playita fue destruida y no ha sido
restablecida, la conexión de la vía con el barrio es deplorable, como muestra
la foto, y otros reclamos de mejoramiento integral de los barrios, están sin atender.
La recolección de basuras debe revisarse, ya
que los habitantes de la parte baja de Fuente Clara y El Porvenir deben pasar
la autopista para depositarlas, ya que el carro recolector no lo hace de subida
y el punto de depósito se encuentra ubicado a 100 metros del puente peatonal
(Carrera 93 con Calle 62 A).
En Santa Margarita y Olaya 2
Hace seis meses las comunidades de los
populosos barrios de Santa Margarita y Olaya 2 estrenaron su puente peatonal en
metal con bases de cemento. La obra hizo parte de las necesidades de intercomunicación
barrial que se le debían a la comunidad cuando la EDU promocionó el Plan Urbano
Integral (PUI) La Iguana.
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Puente peatonal metálico, que une Olaya 2 y Santa Margarita.
Foto: AIH Medellín |
Desde entonces las organizaciones comunitarias
de la zona reclamaron insistentemente al sentirse asaltadas en su buena fe, ya
que prometieron que el mejoramiento integral se haría paralelo a la autopista y
no fue así.
Celebramos estas obras tan necesarias para
mejorar las condiciones de movilidad, interrelación y hábitat, pero es el
cumplimiento de una pequeña parte de las promesas que todavía se adeudan a las
comunidades de la zona afectada por la interconexión vial. Este tipo de
intervenciones tan agresivas con el medio ambiente, con los derechos de los
moradores y su hábitat, deben mejorar sus condiciones de vida y no desmejorarlas.
La movilidad o cercanía de la autopista a las residencias es evidente, pero se
construyó con impactos negativos para los pobladores en otras áreas
importantes: taludes impresionantes que generan mayores riesgos, inexistencia
de arborización adecuada en todo el recorrido de esta vía, afluentes de agua
sin intervenir con medidas serias de conservación, aguas residuales vertiendo a
los afluentes y sin destino final a sitio técnico y seguro, legalización y
titulación de predios en toda la cuenca desde El Pesebre hasta Santa
Margaritas.
Estas situaciones, carencias y exigencias las
hicimos con insistencia líderes sociales y comunales de la zona en varios
talleres de diagnóstico para los planes locales de desarrollo realizados por
los operadores de las Transversalidades Santa Elena y La Iguana-EDU, que deben
ser cumplidas oportunamente, pues ya estamos preparando las correspondientes
acciones populares.
Notas Cívicas
Colaboración de: Mario de Jesús Barrera
Muñoz
Sorteo Mensual del Mercado Los Barrera
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Repartición del boletín 43 de la Junta Cívica.
Mercado familia Los Barrera. Foto: AIH Medellín |
La numerosa
familia Los Barrera se reúne sin falta cada mes en la carpa sede de la Junta
Cívica Paraje El Pinar (Fuente Clara-Robledo) y desde hace más de dos años,
cada integrante de los siete grupos familiares (80 integrantes) se presenta en la
asamblea con un producto de la canasta familiar. Así, ajustan dos buenos mercados que se
sortean entre las familias participantes.
Es un
ejemplo de unidad y fortalecimiento familiar que se aprovecha para desatrasar
noticias y brindar apoyo y solidaridad. También es la oportunidad para
distribuir entre los concurrentes el boletín de la Junta Cívica. Es una jornada de encuentro familiar que
refuerza la protección de niños y jóvenes y el buen vivir pacífico. Nuestros
mejores augurios para que sigan respaldando los objetivos de la organización
cívica.
Cronograma de
Planes de Emergencia en Fuente Clara (IECMC)
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Informamos
en boletín anterior de la existencia del
comité de emergencias de Fuente Clara, el cual nos ha hecho llegar el
cronograma de actividades acordado con el DAGRD para este año. Las reuniones
son a las 6 de la tarde en la IE Camilo Mora Carrasquilla.
De antemano,
le cursamos invitación a la comunidad para que se haga presente y haga parte
de esta importante iniciativa encaminada a la prevención de riesgos tanto
individuales como colectivos y proteger: 26
de abril, 24 de mayo, 21 de junio, 26 de julio, 26 de agosto, 27 de
septiembre, 25 de octubre, 22 de noviembre.
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El peligro de los bombillos ahorradores
Investigadores de la UIS trabajan en el desarrollo de un prototipo que permita
reutilizar el mercurio
contenido en las lámparas y evitar que se libere el
tóxico vapor.
En junio pasado Colombia cumplió un año de haber prohibido el uso
y la comercialización de los bombillos incandescentes tradicionales (de 100 y
150W), que fueron utilizados por familias y empresas durante más de 100 años.
Con la llegada de las lámparas fluorescentes (o bombillos ahorradores), la
desaparición del mercado de las frágiles bombillas ‘Edison’ era inevitable:
mientras éstas iluminaban entre 500 y 2.000 horas, las ahorradoras alcanzan a
estar encendidos por más de 8.000, consumiendo una quinta parte de la potencia
de las primeras.
Aunque el país lleva haciendo esta transición tecnológica por lo
menos diez años, poco se ha hablado sobre los riesgos que puede traer, para la
salud y el ambiente, el mal manejo de los residuos de las lámparas
fluorescentes, que contienen mercurio en vapor, un metal altamente
contaminante.
Las luces son seguras durante su vida útil, pero cuando se rompen
o son tratadas como un residuo común (aplastadas, comprimidas y destruidas), o
eliminadas de manera inadecuada, liberan el vapor de mercurio al aire, agua y
suelo, constituyendo un riesgo para la salud humana y el ambiente.
“Aproximadamente el 80 % del mercurio inhalado se retiene por el
organismo. Una vez absorbido, se distribuye con facilidad por todo el cuerpo,
hasta el cerebro, afectando directamente el sistema nervioso central. Su
inhalación prolongada puede generar mareos, dificultad para respirar y hasta
implicaciones mayores”, dice la investigadora y profesora de la Escuela de
Química de la Universidad Industrial de Santander (UIS) Elena Stashenko, quien
junto al también profesor Jairo René Martínez y un grupo de estudiantes,
trabajan en la construcción de un prototipo que permita extraer el mercurio de
estas lámparas para reutilizarlo en la construcción de otras bombillas o
termómetros.
El poder contaminante de las lámparas inservibles, insisten los
investigadores de la UIS, requiere acciones y campañas fuertes y de alto
impacto que permitan a los colombianos informarse y crear conciencia sobre el
tratamiento que debe dárseles a estos desechos, que es similar al que debe
implementarse para la recolección de baterías (pilas) inservibles. “El
prototipo que estamos desarrollando funcionaría en la última etapa de
reincorporación del mercurio, pero al Gobierno le queda la tarea de poner en
marcha un sistema de recolección y acopio similar al que poseen los desechos
hospitalarios, la gente debe saber que tiene que tener cuidado”.
Los investigadores pretenden demostrarle al Gobierno Nacional que
es posible desarrollar tecnología colombiana con la que se pueda avanzar en la
implementación urgente de un modelo integral para la recolección y manejo de
estos residuos que, por desconocimiento o malas prácticas, se vienen liberando
al ambiente, sin que hasta el momento se puedan medir sus impactos.
Sólo en marzo de este año el Ministerio de Ambiente lanzó una
campaña para recolectar bombillos inservibles en más de 100 almacenes de
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Aunque este paso es importante, también
deberá centrarse la atención en la construcción de infraestructura adecuada
para tratar este tipo de desechos. (Tomado de: www.elespectador.com),
La manipulación de los bombillos ahorradores
Resulta muy importante manipularlas para cuidar la salud humana y el ambiente
sano. A la gente le encanta ahorrar dinero y lo
hacen en cada ocasión posible. En este caso reemplazan sus bombillas y
compran bombillas de bajo consumo. Sin embargo, estas bombillas energéticamente
eficientes son extremadamente tóxicas. De acuerdo con un estudio realizado por
investigadores del Instituto Fraunhofer de Klauditz Wilhelm Agencia Federal de
Medio Ambiente de Alemania, en caso de rotura en el interior, estas bombillas
liberan 20 veces la concentración de mercurio máximo aceptable en el aire.
Por otra parte, estas bombillas tienen una serie de efectos
negativos para la salud, incluyendo: Ansiedad, Fatiga, Las migrañas, Dolores de
cabeza, Mareo, Convulsiones. Incapacidad para concentrarse. Estas bombillas de bajo consumo de energía
contienen mercurio, que es una potente neurotoxina,
especialmente peligroso para los niños y las mujeres embarazadas. Es
especialmente tóxico para el cerebro, el sistema nervioso, el hígado y los
riñones, y también puede dañar el sistema reproductivo, cardiovascular e
inmune. Además, el mercurio puede causar ansiedad, insomnio, pérdida de
memoria, dolores de cabeza, temblores, el cáncer y la enfermedad de Alzheimer.
En caso de rotura de la bombilla, debido al gas venenoso que se
libera, debe seguir este procedimiento de emergencia:
Antes de limpieza
1. Las personas y los animales domésticos deben salir de la
habitación.
2. Abra una ventana o puerta con el medio ambiente al aire libre
para ventilar la habitación durante 5-10 minutos.
3. Si usted tiene un sistema de calefacción de aire o sistema de aire
acondicionado forzado central, apagarlo.
4. Reunir materiales necesarios para limpiar la bombilla rota: Toallas húmedas
de papel o toallitas húmedas desechables (para superficies duras).
6. Un frasco de vidrio con tapa de metal o una bolsa de plástico
con cierre hermético.
7. Papel rígido o cartón.
8. Cinta Adhesiva.
“Con acompañamiento de la Administración
municipal, mediante el subsecretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Tobón, se
cumple en estos momentos el desalojo. El funcionario expresó que desde las 4:00
a. m. se instalaron, pero que desde las 6:00 a. m. empezaron el trabajo con
la Secretaría de Inclusión Social y que se están concertando soluciones de
vivienda con las familias.
