martes, 4 de abril de 2017

Solidaridad con la Comunidad
Los Ranchitos de La Iguaná

Boletín No. 45. Abril 2017 Solidaridad

En una ciudad como Medellín, tan innovadora, ¿cómo es posible que no existan albergues disponibles para estas 22 familias que serían doblemente desplazadas?

Por: AIH Medellín
Nos permitimos transcribir, más adelante, apartes pertinentes de la nota publicada por el periódico El Tiempo en su edición digital del pasado martes 28 de Marzo del 2017, con ocasión del desalojo de 22 familias del asentamiento Comunidad Los Ranchitos Sector La Iguaná, a raíz de lo cual la Alianza Internacional de Habitantes (AIH Medellín) desplegó un llamado de solidaridad urgente, en busca de una solución previa de vivienda y albergue.

Según informes desde el sitio, se presentaron 300 policías, un grupo de antimotines y con un Buldozer (catapila) procedieron a destruir parte de los ranchos donde vivían precariamente los 107 moradores. Solo en este momento las autoridades procedieron con lo que era su deber hacer antes del desproporcionado procedimiento de fuerza contra inermes pobladores, quienes no opusieron resistencia y algunos aceptaron algunas ofertas viables de reubicación. Buscaron refugio en el coliseo de la Universidad Nacional y al parecer, se les ofreció albergue en una casa municipal Este caso será documentado y enviado al Tribunal Internacional de Desalojos para que se pronuncien frente al Estado colombiano.

Comenzó desalojo de 19 familias en La Iguaná

Por: Redacción El Tiempo, Medellín. 28 de marzo 2017, 01:03 p.m.

“Con acompañamiento de la Administración municipal, mediante el subsecretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Tobón, se cumple en estos momentos el desalojo. El funcionario expresó que desde las 4:00 a. m. se instalaron, pero que desde las 6:00 a. m. empezaron el trabajo con la Secretaría de Inclusión Social y que se están concertando soluciones de vivienda con las familias.

"Durante toda la mañana estuvimos en el proceso de oferta social que tiene la Secretaria de Inclusión Social y Derechos Humanos, dos familias se acogieron al proceso de retorno, una de ellas se va para Santa Marta, la otra aún está en el proceso de decidir a dónde quiere volver", dijo Tobón. En su gran mayoría, las personas que habitan en Los Ranchitos son desplazadas por el conflicto armado.

"Ya estamos a punto de finalizar la jornada de ofertas y las familias deben acogerse a lo que el municipio tiene para ofertar, porque finalmente el proceso de desalojo va a surtir sin ningún tipo de obstáculos", dijo el Subsecretario. En lo que va de la jornada se ha trasladado a algunas personas a centros hospitalarios por las condiciones de vulneración del derecho a la salud fundamental en que se encontraban", dijo Tobón. El funcionario agregó que el proceso se ha llevado en calma y que han estado en diálogo constante con la comunidad. Además, indicó que estas familias no solo están en riesgo por las condiciones en las que habitan sino porque están asentados al borde de una quebrada y ante la temporada de lluvias aumenta la posibilidad de que se presente una emergencia.

Las familias que no se acojan al proceso de retorno ni tengan ningún familiar o amigo que pueda recibirlos en algún lugar en Medellín, serán ubicadas en albergues temporales dispuestos por la Secretaría de Inclusión Social, y sus enceres serán resguardados por la administración municipal por el periodo de un mes. Por su parte, Xiomara, una de las habitantes de Los Ranchitos, quien ha vivido allí desde hace cinco años, comentó que en estos momentos no hay diálogos con las autoridades. Ella había interpuesto una tutela para tratar de detener el desalojo. Una funcionaria de la Personería cogió un libro y me mostró que sí había una respuesta a los derechos de petición, y yo le dije que para ellos, pero para la comunidad y para mí, que fui la que lo radiqué, no la tengo. ¿Cómo pretenden que yo entienda algo de lo que no tengo de información", dijo. Somos desplazados por la violencia y por el momento no hay nada

Esta no es la primera vez que intentan desalojar a esta comunidad. Xiomara recuerda que la última amenaza de desalojo estaba para el 15 de julio del 2016, pero que pudieron frenarlo. Esta vez no fue así.
"Esto es perjudicial para nosotros y los niños porque no tenemos a dónde meterlos. Se están llevando a la gente, no sé qué será lo que les están ofreciendo, pero no creo que sean las garantías de salir de una parte de estas y que sea algo mejor para nosotros porque igual somos desplazados por la violencia y por el momento no hay nada", concluyó.

El lunes la Alianza Internacional de Habitantes había enviado una carta al alcalde, Federico Gutiérrez, solicitando que no se realizara este desalojo hasta no concertar con las familias otra solución de vivienda. Su representante en Colombia, Carlos Arturo Cadavid, comentó que sin una solución previamente concertada con la comunidad, un albergue, habitación o vivienda, "este sería un desalojo que incumple las normas internacionales y nacionales de vivienda".

Jornada Nacional de lucha por la vivienda en Brasil

El pasado 30 de marzo de 2017, la Confederación Nacional de Asociaciones de Moradores de Brasil (CONAM), aliada de la AIH y en articulación con movimientos populares de la ciudad y el campo, realizaron la primera Jornada Nacional en Defensa de la Vivienda  Popular en todo el  país (Primeira Jornada Nacional em Defesa da Moradia Popular das Entidades do Campo e da Cidade.

Con las consignas de “mi casa mi vida”, presentaron en las distintas administraciones municipales y al gobierno nacional un pliego de propuestas sobre los derechos a la morada, al hábitat, a la ciudad y ambiente sano.

Desde Colombia nuestra solidaridad y apoyo, que redundará en beneficio de los moradores del mundo.

Más información en: http://www.conam.org.br.


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